Nueva ley protegerá sus datos personales

Sus datos personales se venden hasta en la calle

Los ‘call center’ tendrán que tener su
propia oficina de quejas, según la nueva ley de hábeas data.

Si con frecuencia recibe llamadas telefónicas en las
que le ofrecen productos o servicios que no ha solicitado y, además, usted queda
sorprendido con el nivel de conocimiento que ese extraño tiene sobre sus datos
personales, muy pronto, cuando entre en vigencia la nueva ley general de
protección de datos, tendrá herramientas para defenderse.

Las personas que lo llaman saben, muchas veces, más
de lo que usted se imagina. No solo la dirección de su vivienda y sus números de
sus teléfonos, sino su capacidad de endeudamiento, la edad de sus hijos y hasta
sus hábitos de consumo. Incluso, a veces, tienen datos sensibles, como
orientación sexual o filiación política.

Pero usted no tiene idea de quién está al otro lado
de la línea y tampoco de cómo obtuvo sus datos. Y cuando lo pregunta, jamás se
lo dicen.

Para equilibrar la balanza, la ley general de
protección de datos -que está para sanción presidencial- obliga a crear el
Registro Nacional Único de Bases de Datos
, que hará visibles en
Internet a las firmas que transan con su información. La idea es que allí el
ciudadano tenga el detalle de qué y cuánta información tienen. Además de las
líneas telefónicas en donde usted puede verificar quién lo llama, quejarse y
hasta exigir que lo saquen de los listados. Si nada de esto funciona, puede
denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pero ¿cómo es que saben tanto de nuestra vida? Germán
Flórez, experto en informática y propiedad intelectual de la Queen Mary
University, de Londres, explica: «Nosotros mismos entregamos los datos
todos los días».

¿Recuerda aquella vez que llenó un formulario
para participar en una rifa en un centro comercial
o cuando se
inscribió en el programa de puntos del hipermercado, compró un tiquete aéreo o
una camisa, o creó un perfil en una red social? «En todos esos momentos usted
entregó su información», dice Flórez, quien añade que esto también ocurre cada
vez que se realiza una transacción o se contrata un servicio.

La irregularidad se da, a la luz de la nueva ley,
cuando se engaña, porque se piden datos para una cosa pero se usan para otra. Un
ejemplo de esto son algunas tentadoras rifas. «La información es tan valiosa que
regalan un carro para obtenerla, pero no dicen que es para hacer una base de
datos», dice Nelson Remolina, director de la especialización en derecho
comercial de la Universidad de los Andes.

El superintendente de Industria y Comercio, José
Miguel de la Calle, fue enfático en afirmar que la información usada para
telemercadeo tendrá que contar -además- necesariamente con la autorización
explícita del titular. «Si el ciudadano no fue informado plenamente
sobre el uso que se hará de su información, esos datos no pueden
usarse
«, dijo.

Las empresas de telemercadeo parecen no estar muy
preocupadas por los alcances de la ley, aunque de infringirla podrían ser
sancionadas hasta con 2.000 salarios mínimos y/o con su cierre definitivo.
Carlos Mejía, gerente del contact center Avanza Colombia, respondió que, «más
allá de si tenemos o no autorización, lo que necesitamos impulsar es la
educación; algunos llaman los domingos y a horas que dan risa», dijo. Pero lo
más grave no es el acoso o el mal uso que algunos contact centers hacen de los
datos, sino cuando estos caen en manos ilegales, porque aquí si no hay
posibilidad de control alguno.

«Las bases de datos se venden hasta en la
calle; se filtran y pueden caer en manos de delincuentes que las usan para todo
tipo de delitos
, desde extorsiones hasta para engañar a la empleada del
servicio doméstico de su casa», agregó.

Por ello, además de conocer la ley y saber a qué
tiene derecho, conviene autoprotegerse. La próxima vez que llene un formulario
mire bien a quién le está entregando sus datos.

Los alcances¿Qué hacer si abusan
de sus datos?

A la luz de la nueva ley, todo ciudadano tiene derecho a conocer, actualizar,
rectificar y suprimir su información de las bases de datos, a menos que tenga el
deber legal o contractual de permanecer en ellas. En caso de irregularidades, se
debe acudir ante el responsable o el encargado del tratamiento de la información
(el dueño de la base de datos o el que la usa) y si este no responde en un
término de 15 días o la respuesta no es satisfactoria, podrá acudir ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que está facultada, según la
nueva ley, para ordenar, investigar y sancionar, si es el caso. La ley empezará
a regir de manera inmediata, cuando sea sancionada por el Presidente, no
obstante, las empresas que manejan datos, incluyendo las públicas, tendrán seis
meses de gracias para ajustarse a ella. Pero la SIC los podrá investigar.

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