Cada mes, 73.000 trabajadores formales quedan desempleados

En el segundo trimestre había 2’446.000 desempleados en Colombia, según el Dane.


Quienes se quedan desocupados no son necesariamente los mismos que logran
engancharse de nuevo.

Además, las ganancias en el empleo tampoco se presentan en las mismas
regiones o sectores donde se pierden, aclaró el ministro del Trabajo, Rafael
Pardo, al intervenir en un foro sobre protección a los trabajadores cesantes,
organizado por Asocajas y la revista ‘Semana’.

De acuerdo con el Dane, en el segundo trimestre había 2’446.000 desempleados,
de los cuales, 2’147.000 eran cesantes, es decir, trabajadores que habían
perdido su empleo.

Según estudios del Gobierno, los hombres consiguen empleo en menor tiempo que
las mujeres: en promedio, el 60 por ciento de aquellos logra engancharse en los
primeros cinco meses, mientras que las mujeres tardan en promedio 15 meses, es
decir, tres veces más.

Según el Ministro, cuando la desocupación se alarga mucho, por ejemplo, más
de seis meses, es muy difícil que el trabajador se vincule nuevamente a un
empleo formal y lo más probable es que termine en la informalidad y, en la
mayoría de los casos, deja de cotizar para la pensión.

Esos son algunos de los argumentos oficiales para justificar la necesidad de
crear un mecanismo de protección al cesante, que tomó forma de proyecto de ley y
que el Senado ya aprobó en primer debate.

Esa herramienta tiene tres componentes: asesoría permanente para lograr el
reenganche laboral, capacitación para el trabajo y protección económica para que
quien pierde el empleo no quede desamparado.

El último punto es el que más controversia ha generado, porque la propuesta
es que con la mitad de las cesantías generadas a partir de la aprobación de la
iniciativa y por un tiempo máximo, que podría ser cinco años, se construya un
seguro de desempleo para el evento en que el trabajador quede cesante.

Se trata, explicó Pardo, “de que haya un ‘colchón’ de ingresos adecuado con
el que se puedan satisfacer las principales necesidades. Si no hay desempleo,
estos recursos seguirán ahorrándose. Las cesantías son y seguirán siendo de los
trabajadores”.

El proyecto es rechazado por las centrales obreras porque, dijo el presidente
de la CGT, es “un asalto a las cesantías” porque, entre otras cosas, solo sobre
la mitad de las ellas se pagarán los intereses del 12 por ciento anual que
reconocen los empresarios a los trabajadores.

El seguro de desempleo, según la iniciativa del Gobierno, entregaría por un
máximo de seis meses una porción del salario del trabajador que pierda su
empleo. Si los dineros no alcanzan, lo que falte saldrá de un fondo de
solidaridad que crea el proyecto.

Dicho fondo se alimentaría con uno de los cuatro puntos que entregan los
empresarios a las cajas de compensación como aporte parafiscal, lo que fue
cuestionado por el presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo.

El Ministro del Trabajo recogió la crítica y ahora considera que los 200.000
millones de pesos que tiene el Fonede (fondo administrado por las cajas que
entrega subsidios a los desempleados) serían suficientes para cubrir el primer
escalón de ayuda solidaria a los cesantes.

Ese planteamiento fue bien recibido por Cobo, porque las cajas seguirán
invirtiendo los cuatro puntos de parafiscales en el sistema de subsidio
familiar.

Por otro lado, Pardo manifestó que el Gobierno también aportar recursos a
dicho fondo pero a partir de determinado nivel de desempleo, que estaría por
definir.

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