Coronavirus y trámites ciudadanos digitales

Es indispensable que el Gobierno Nacional aterrice el modelo de servicios ciudadanos digitales. 

Algunas entidades del estado ya disponen de una sede electrónica para adelantar trámites digitales, pero muchas otras aún no han dado ese paso.
En momentos tan difíciles como el que estamos viviendo, donde lo más recomendado por los expertos es el aislamiento, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Está la administración pública preparada para atender los trámites ciudadanos digitalmente?
El Gobierno ha anunciado que se encuentran disponibles en la Sede Electrónica del Estado colombiano www.gov.co, diferentes trámites digitales para no tener que salir de casa. Los más usados por los colombianos son la asignación de visitas a internos recluidos en centros penitenciarios y carcelarios, el certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, consulta de antecedentes disciplinarios y consulta de antecedentes judiciales. 
En el país, algunas entidades del estado ya disponen de una sede electrónica para adelantar trámites digitales, pero muchas otras aún no han dado ese paso. El concepto de Sede Electrónica fue introducido en nuestra legislación en la Ley 1437 de 2011.
Allí se estableció que las entidades públicas, así como los privados que cumplan funciones públicas, deben avanzar en la creación de sus sedes electrónicas para que intercambien información con la sede compartida del estado colombiano, el gov.co.
De esta manera, es indispensable que el Gobierno Nacional aterrice el modelo de servicios ciudadanos digitales base para que el país tenga un modelo de autenticación digital unificado. 
Es decir, que el estado disponga de herramientas tecnológicas unificadas para todas las entidades, las cuales permitan validar la identidad de los usuarios de manera segura y evitar los fraudes de suplantación de identidad. Una de estas herramientas será, sin duda, la cédula de ciudadanía digital. 
En Colombia, el Decreto 1413 de 2017 que reglamentó los Servicios Ciudadanos Digitales, aunque desafortunadamente no ha iniciado su operación, busca tener una reglamentación unificada en materia de trámites digitales y, de implementarse, traerá las siguientes ventajas: 
• Simplificar los trámites con las distintas entidades
• Promover la transformación digital de organizaciones y empresas
• Mejorar la experiencia digital de los usuarios con el Estado
• Reducir las cargas administrativas y mejorar los procesos
• Generar eficiencia y transparencia en los trámites
• Estimular el desarrollo de servicios digitales innovadores y seguros
• Respeto, cuidado y vigilancia de los datos sensibles de personas y empresas 
Mientras que la mayoría de las notificaciones de la administración pública se realizan físicamente -lo que le cuesta al país más de 50 mil millones de pesos al año-, hacerlas digitalmente le ahorraría al país por lo menos un 50% de ese costo. Igualmente, en nuestro país las notificaciones judiciales se realizan de manera física, en cambio Perú hace más de una década las ejecuta 100% en línea.
Tenemos un largo camino por recorrer, los trámites digitales en Colombia se encuentran en una fase inicial, a pesar de que el país ya tiene las bases normativas y la tecnología suficiente para implementarlos. 
A nivel latinoamericano, deberíamos seguir el ejemplo europeo y generar una reglamentación que permita contar con medios de identificación electrónica unificados y reconocidos por todos los países. 
De la misma manera, es necesario crear un marco normativo en torno a los servicios de confianza, en particular para las transacciones electrónicas, y un marco jurídico unificado para las firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempo electrónicos, documentos electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y servicios de certificados para la autenticación de sitios web.
Esperamos que esta difícil situación de salud pública se estabilice pronto y se controle la pandemia. Situaciones como la que vivimos deben llamarnos a la reflexión ante una realidad inequívoca: la administración pública y de justicia no pueden parar. Tenemos que avanzar ya en el uso de las herramientas tecnológicas unificadas, guiados bajo preceptos normativos igualmente uniformes.

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